El pasado 13 de abril el Diario de Teruel publicaba la noticia de la suspensión de las Jornadas de Primavera del centro de día Santa Emerenciana de Teruel que tradicionalmente se celebran desde hace décadas.
«La Asociación de Mayores del Centro de Día Santa Emerenciana ha decidido suspender las Jornadas de Primavera, que todos los años organiza por estas fechas, en solidaridad con las trabajadoras del centro, que llevan cuatro meses sin cobrar.
Andrés Nolasco, presidente de la asociación, quiso ayer hacer público esta decisión, porque “queremos unirnos a las empleadas ante esta situación”, señaló y aclaró que a pesar de esta situación “siguen haciendo su trabajo como siempre”.
Nolasco recordó que en esta semana suelen organizar charlas, campeonatos y alguna excursión, pero este año no harán nada. La asociación también organiza en otoño la Semana del Mayor.
Desde principios de enero 27 trabajadoras del centro de día, que es municipal pero cuya gestión depende de una empresa externa al Ayuntamiento, no perciben sus salarios y la empresa ha iniciado un procedimiento concursal.
En el diario.es se aclara buena parte de la tomadura de pelo a la que nos están sometiendo a las y los vecinos de Teruel, pues es de nuestros impuestos de donde saldrá el pago a la nueva empresa.
«Pero desde CCOO no están de acuerdo en que la capacidad del Consistorio sea limitada, y acusa Ayuntamiento de “dejación de funciones”, porque la atención a los mayores en este centro de día es un “servicio público externalizado”, como explica la secretaria de la Federación de Sanidad en Aragón, Delia Lizana.
La representante sindical critica que la alcaldesa se reuniera con las trabajadoras antes de la adjudicación y las tranquilizara con el compromiso de buscar soluciones, para acabar adjudicando el contrato a los mismos. Fue una “tomadura de pelo” y no entiende la justificación de los informes porque “deberían ser valorados antes de su votación”, ya que a su juicio, “aunque el informe técnico sea favorable, debemos ver dónde la empresa gana esos puntos”.
Ha criticado que es una práctica “frecuente”, gracias a los cambios legislativos, que algunas empresas entren en concurso voluntario de acreedores en los últimos meses de contrato con lo que se evitan el pago de salarios y a distribuidores, que acaban saliendo de las arcas públicas tras un proceso judicial».
Buen ejemplo de las y los usuarios del Centro, pero no así del Ayuntamiento, que ha vuelto a caer en la trampa, que seguramente lo permite la recientemente modificada ley de contratos, de contratar al mismo empresario que ha creado otra empresa diferente para poder optar y dejando el pufo del impago de las nóminas pendientes a través del FOGASA que se nutre de dinero aportado por las empresas y público.
Señalar que buscando en la web municipal no aparece para nada el resultado de la mesa de contratación de dicha adjudicación, destacando las palabras de Delia Lizama en la noticia del diario.es: «Fue una “tomadura de pelo” y no entiende la justificación de los informes porque “deberían ser valorados antes de su votación”, ya que a su juicio, “aunque el informe técnico sea favorable, debemos ver dónde la empresa gana esos puntos”.
Aquí está el quid de la cuestión. Me imagino que habría un informe económico de las empresas que optaban y un informe técnico que valoraba los demás aspectos. Que sabiendo como ha actuado la nueva empresa adjudicataria en sus anteriores versiones, su propuesta debería haber sido desestimada desde el informe emitido por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, perfecto conocedor de las prácticas del empresario. El apartado de Transparencia de la web municipal se queda muy cortito y me ha sido imposible acceder a dicha información, con el agravante de ser unos actos administrativos ya concluidos y que por lo tanto deberían ser publicados y públicos. Mañana entregaré instancia en el Ayuntamiento de Teruel para denunciar este hecho.
Por último señalar la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Teruel para introducir cláusulas sociales en los contratos de los servicios públicos como ha denunciado reiteradamente el sindicato CNT.
«En este sentido, desde la formación sindical señalan que ni el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, ni el equipo de gobierno y Ciudadanos “han sido capaces de garantizar cláusulas laborales en las contratas municipales por déficit de voluntad política y con un superávit de postureo”.
De esta forma, exigen que se introduzcan todas y cada una de las cláusulas sociales que ha avalado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) en todos y cada uno de los pliegos de contratos de servicios públicos.
Desde CNT Teruel recuerdan que en abril de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, por unanimidad, aprobó el estudio de la inclusión de cláusulas sociales, laborales y medioambientales en los contratos públicos. Además, dos años después, en abril de 2016, el equipo de gobierno anunció que ampliaría las cláusulas sociales de los contratos públicos.
También en 2016, el grupo municipal de Ciudadanos anunció el acuerdo de investidura de Emma Buj donde, entre otros, se comprometían a “finalizar el expediente de inclusión de cláusulas sociales en la contratación municipal, e inclusión del mismo en todos los contratos que lo requieran”.
Sin embargo, desde la formación sindical aseguran que hasta la fecha, “el Ayuntamiento ha ido sacando pliegos de contratación con una prioridad fundamental: reducir el coste de los contratos”. Esto, a su juicio, “ha supuesto la precarización de las condiciones de trabajo y del servicio”.
“Ciudadanos por su parte no ha hecho cumplir el pacto de investidura con el permitió que Emma Buj alcanzara la alcaldía, ni tampoco ha condicionado su apoyo a los presupuestos para que en los diferentes contratos públicos se incluyeran cláusulas sociales y laborales”. Esto significa que, según manifiestan desde CNT, a lo que se comprometieron desde la formación naranja en su pacto de investidura ha tenido “más de postureo que de realidad”.
“La corporación sólo ha incluido cláusulas sociales y laborales a toro pasado en contratos puntuales. Por ejemplo, han introducido la exigencia de que se abonen puntualmente las nóminas sólo cuando la empresa que gestiona el contrato de la Residencia Santa Emerenciana adeuda nominas desde enero a las trabajadoras, y esas trabajadoras sólo van a poder cobrar parte del salario a través del FOGASA, mientras que los empresarios responsables van a seguir operando con otra empresa”, advierten desde CNT.
En su opinión, el Pleno del Ayuntamiento, que en su momento votó por unanimidad la inclusión de las cláusulas sociales y laborales, “tampoco ha estado vigilante ni ha sido capaz de garantizar que cumplan los acuerdos de Pleno y los compromisos del equipo de gobierno”…
Qué implican la inclusión de cláusulas sociales y laborales en la contratación de los servicios públicos municipales: “la obligación de mantener el empleo y las condiciones laborales, abonar puntualmente los salarios, prohibición de despidos, incorporación de la mujer, planes de igualdad y de acoso laboral y sexual, planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales”.
“Así como puntuar en la licitación las ofertas de formación continua de las y los trabajadores, el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido, la creación de una bolsa de empleo y medidas de conciliación familiar”.
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