‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’ (1)

El diario.es publica un artículo donde nos hablan del “despilfarro” del Estado:

El Estado ha “despilfarrado” más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas

Un grupo de expertos cifra en 81.000 millones de euros la cantidad comprometida “de forma inadecuada” entre 1995 y 2016, de los que 45.920 millones corresponden a la Administración central

Diversos profesores universitarios han publicado el informe ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’

En el mismo artículo, se cifra el “despilfarro” en Aragón en 2.978,0 millones de euros. Me imagino que dicha cantidad, sobre todo, tendrá que ver con el coste de la Expo de Zaragoza, de la que ahora se cumplen diez años y el aeropuerto de Huesca, fundamentalmente.

 

Los autores distinguen entre el despilfarro, obras ineficaces y en muchos casos con importantes sobrecostos, y la posibilidad de obtener de forma irregular financiación para partidos políticos en la ejecución de obra pública, corrupción.

“No tenemos una idea precisa del verdadero alcance de ambos fenómenos. De la corrupción tenemos evidencia de los casos que han llegado a los tribunales (no sabemos qué representa sobre el total) y del aumento de la percepción ciudadana. El despilfarro puede tener cuatro dimensiones:
a) una en forma de corrupción; b) otra en forma de sobrecostes; c) otra en forma de obras infrautilizadas o inútiles, y d) otra en forma de priorización inadecuada de inversiones. Se necesitan muchas investigaciones a escala regional y local para conocer la verdadera dimensión, así como acceder a información de los organismos inversores de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas y gobiernos locales, muy reticentes a proporcionar información actualizada y desagregada. Además no es delito, de modo que la dificultad para obtener información a través de sumarios no es posible.
Suele decirse que la corrupción ha afectado más a la escala local y regional que a los niveles de la Administración General del Estado. Sin embargo, si atendemos al despilfarro de recursos públicos, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51 36 nuestras primeras estimaciones indican que el volumen es igualmente muy importante en aquellas áreas inversoras que son competencia de la Administración General del Estado.
Es necesario contar con legislación que regule el papel de los lobbies en los tres niveles de gobierno, así como una decidida apuesta por la transparencia. En este punto la Administración General del Estado está, a día de hoy, más retrasada que muchas Comunidades Autónomas y gobiernos locales.
En España no se dispone de instrumentos eficaces para la evaluación ex ante, intermedia y ex post de inversiones en infraestructuras. La inversión no se prioriza con criterios objetivos y transparentes.
Tampoco se dispone de indicadores. Solo se dispone de preceptivos y rutinarios informes de impacto ambiental poco eficaces, de control de legalidad de expedientes y de estudios a la carta sobre posibles efectos económicos, muchos de los cuales se han revelado como documentos que han equivocado por completo sus previsiones. Este trabajo sistemático, esencial de evaluación desde el punto de vista de la eficiencia y la rentabilidad social, no lo hace el Tribunal de Cuentas y tampoco los órganos regionales equivalentes, en especial en las áreas donde el volumen de gasto público comprometido es mayor.

Es imprescindible erradicar todo tipo de prácticas clientelares y trato de favor a determinados grupos de presión. La interpretación de la colaboración público-privada en España es típica del modelo definido como crony capitalism: si la inversión reporta beneficios, estos quedan en manos de los inversores privados cercanos al poder, pero si arroja pérdidas el sector público rescata la inversión y asume las deudas. Esta circunstancia puede quedar en ocasiones políticamente garantizada antes de acometer la inversión. Prácticas, culturas y reglas de juego que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos
públicos”.

En Teruel tenemos varios ejemplos de obras ineficaces que entrarían dentro del capítulo de despilfarro, no han llegado nunca a los tribunales como casos de corrupción:

La primera hace referencia a las obras realizadas en la Baronía de Escriche  a cargo de la Diputación Provincial de Teruel. El 8 de febrero de 2018 redactaba la siguiente entrada en Mi Ciudad Teruel:

De “buques insignias” varados: La Baronía de Escriche

“Desde que comienza esta historia haya por el 2004 se han gastado unos 7 millones de euros en una “rehabilitación” -mas bien un destrozo- que en el 2012 y ante la falta de presupuesto  -se acabaron los sueños de chalets y campos de golf  en su entorno- ha concluido con las puertas y ventanas tapiadas.

El equipo de gobierno actual de la DPT se rinde. El 17 de septiembre de 2016, su presidente, también del PAR, como su promotor aunque ya ahora en otro partido, anunciaba que la institución abandona el proyecto indicando que ésta será la primera y por el momento última actuación que se acometa en el complejo de la Baronía de Escriche. Concretamente  dicha intervención se refería a: “Se trata sólo de consolidar la estructura del edificio, sus muros exteriores y la cubierta para evitar su deterioro y dar un enterramiento digno a los restos encontrados pero no servirá para darle el uso inicial con el que se planteó ya que entendemos que el presupuesto que se precisaría para llevar a cabo ese proyecto inicial es muy elevado y en estos tiempos, la Diputación no puede destinar ese dinero a este tipo de proyectos porque el cometido de esta institución es otro” .

Siete millones del Fondo Especial de Teruel dilapidados sin que nadie nunca se haya hecho responsable y lo más sangrante, sin que la DPT haya pedido disculpas a los turolenses.

Tendrá que ser un nuevo equipo de gobierno de la institución en el 2019, el que trate de buscarle un nuevo uso a la Baronía de Escriche, sin olvidar, que si quieren seguir con los planes iniciales, serían necesarios otros siete millones de euros.  Casi nada”.

La segunda hace referencia a la nueva Plaza del Mercado.

Pasados más de seis años, la superficie del nuevo espacio demuestra que es totalmente ineficaz y para nada es utilizada por las y los turolenses y continuamente sufre actos vandálicos. siete millones y medio  de euros gastados que desde el principio contó con el rechazo de la ciudadanía como lo atestigua el Heraldo de Aragón en diciembre de 2011:

La nueva plaza del Mercado, que ha costado 7,5 millones, disgusta a vecinos y comerciantes

Cuando solo faltan retoques para acabar la obra, el diseño vanguardista ni siquiera convence al Ayuntamiento.

 

La tercera hace referencia a la iluminación de la Plaza del Torico, obra también financiada por el Gobierno de Aragón, y que ha dejado enterrados dos millones de euros.

En un artículo de El País, El ovni que aterrizó en Teruel, al referirse a esta obra, el autor hace el siguiente comentario:

“Es cierto que en Teruel desconfían de los arquitectos actuales. Y posiblemente no les falte razón. La hermosa y sutil iluminación que el estudio B70 sembró en la plaza del Torico costó dos millones de euros. Y tras estropearse una y otra vez, las lámparas están siendo sustituidas por tiras de basalto, el pavimento resistente que están acostumbrados a pisar los turolenses”.

En este blog también nos hicimos eco de este despilfarro:

Historia de un despilfarro (5): Las luces de la Plaza del Torico

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Preparación en el suelo de todo el complejo entramado de la iluminación de la Plaza del Torico. La foto procede del digital 20minutos.es

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Acerca de Mi cuidad: Teruel

Mi ciudad, trata de recoger mis inquietudes sobre la ciudad donde he nacido, crecido y vivo: Teruel
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